Una economía corrupta, una economía estancada / Forbes Magazine

Artículo publicado originalmente en Forbes Magazine.

Latam, junto con CA, poseen una política fiscal atractiva para los inversores extranjeros. Pero, las altas tasas de corrupción y economía sumergida en la región producen rechazo en los inversores.

Uno de los principales retos de la economía centroamericana es el de atraer inversión a la región, promoviendo así el progreso económico y el desarrollo de la misma. Como uno de los principales núcleos de economías emergentes del mundo, la economía centroamericana precisa de la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) para fomentar el desarrollo empresarial y la industrialización en el país.

Una estrategia comprensible y acertada por parte de los países que integran la región. Además, si echamos un vistazo a las políticas adoptadas por los países miembros, podemos observar como las políticas fiscales adoptadas y aplicadas van en consonancia con la atracción de inversión extranjera, flexibilizando y liberalizando la economía, actuando como incentivo para la atracción de los flujos de capital extranjeros.

Como he dicho, echando un vistazo a la presión fiscal, así como los incentivos a las inversiones extranjeras, podemos darnos cuenta de que la fiscalidad en Centroamérica y, en general, en Latinoamérica, es una presión fiscal muy reducida en comparación con otros grandes bloques económicos del territorio global. Una fiscalidad que trata de atraer grandes patrimonios, así como la deslocalización de la producción a los países latinoamericanos.

Y es que, con un promedio cercano al 23% del Producto Interno Bruto (PIB), Latinoamérica es una de las regiones con menor presión fiscal de los principales bloques económicos. Según los datos que arroja la OCDE y el observatorio fiscal que integra el organismo, el promedio de presión fiscal que presentan los países miembros es del 34%. Como podemos ver, una gran diferencia y que muestra la intencionalidad de la cifra mostrada en Latinoamérica.

Sin embargo, mientras la presión fiscal es menor, el gran problema que sigue acechando a la economía latinoamericana y centroamericana es el desastroso fenómeno de la corrupción. La corrupción sigue presentando uno de los mayores lastres y desincentivos a la inversión en los territorios que conforman la región. La inseguridad jurídica y la “fiscalidad oculta”, como yo le llamo, siguen lastrando el crecimiento de los flujos de capital extranjero.

Pese a la lucha ejercida para eliminar la corrupción y la inseguridad jurídica en los países, el alto grado de corrupción y el arraigo histórico de la misma en los países integrantes provocan que no sea una tarea, para nada, fácil. Hablamos de países en los que, históricamente, la corrupción y la economía informal ha conformado gran parte de la economía en los países, llegando a representar, en el ranking de transparencia, puestos como los países más corruptos del planeta.

Para hacernos una idea, en base a los datos, Latinoamérica presenta un nivel promedio de economía sumergida cercano al 40% de su PIB. En contraste con la OCDE, esta presenta un promedio aproximado de economía sumergida del 18%. Si comparamos con Europa, esta presenta un promedio de economía sumergida del 22%. Para hacernos una idea, esto nos indica que la economía en situación irregular de los países que integran la región supone casi la mitad del Producto Interno Bruto. 

Como podemos observar, una cifra que, respecto a las observadas y contrastadas anteriormente en la que hablábamos de presión fiscal, en estas, el ganador –y por goleada- es Latinoamérica. Con los datos en la mano, esta situación es el verdadero problema de los países centroamericanos y latinoamericanos, en general. Estas elevadas tasas de economía sumergida, representando en algunos países hasta el 70% de su PIB, son las causantes de que el capital no llegue, como debería, a la región.

Latinoamérica debe replantearse esta situación. Las políticas fiscales de liberalización económica son un gran incentivo, sin embargo, hasta que no se produzca una férrea lucha que trate de acabar con la corrupción y la economía sumergida en estos países, la inseguridad jurídica, sumada a otro tipo de fenómenos, seguirá espantando a los inversores y seguirá sin dotar a la región de una estabilidad que soporte un crecimiento prolongado en el largo plazo y estable, a su vez. En Latinoamérica, según los datos que presenta el Fondo Monetario Internacional (FMI), se encuentran empleadas casi 130 millones de personas en situación irregular. Una enorme cuantía de personas que trabajan en el país y que, de forma directa, no aportan económicamente a la región. Esta es una situación a corregir, sobre todo cuando hablamos de bienestar social y de garantizar unos derechos sociales para la población como es la sanidad o la educación –principal motor de desarrollo-.

En definitiva, estamos ante una situación en la que los principales gobernantes deben repensar las políticas adoptadas, así como la adopción de unas nuevas políticas que traten de frenar el mayor lastre para el crecimiento económico, la corrupción. Solo eliminando este freno al progreso económico y humano, acabaremos con esos desincentivos que han llevado a la región a registrar menores flujos de capital extranjero. Latinoamérica y Centroamérica deben adoptar una economía abierta, pero a la vez transparente, si desea es continuar creciendo.

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